El diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, denunció este miércoles ante la Comisión de Política Interior y de Cultos (AN), así como a instancias internacionales, los hechos violentos suscitados el pasado viernes 1 de julio en la ciudad de Mérida, los cuales constituyen una clara violación de los Derechos Humanos.
Como se recordará, informó el parlamentario, el pasado viernes primero de julio, un grupo de vándalos armados, arremetieron contra cuatro indefensos adolescentes pertenecientes al seminario San Buenaventura, quienes se dirigían a sus clases de inglés en el CEVAM, quienes fueron robados, golpeados, desnudados, humillados, y, uno de ellos amenazado con rociarle gasolina y ser quemado vivo, por lo que solicitó se nombre una comisión especial que investigue exhaustivamente lo ocurrido.
El diputado Dávila, comparte la molestia e indignación que sienten los merideños, ante la desfachatez en las declaraciones dadas por el gobernador Alexis Ramírez, quien tres días después de lo ocurrido, trata de justificar tan denigrantes acciones, señalando que supuestamente estos adolescentes formaban parte de una manifestación política auspiciada por la Iglesia, “ eso nosotros no lo podemos aceptar, eso es absolutamente falso, toda Mérida lo sabe; aquí hay una agresión a la dignidad humana y por eso he solicitado abrir una exhaustiva investigación”.
Gobernador y Ministro del Interior serán interpelados
Solicitó además a la Comisión de la AN, citar al gobernador Ramírez y al Ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, sin obviar cualquier otra acción, “se le envió la denuncia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, a la ONU, a la CDDHH del Parlasur, porque esto es gravísimo, puede generar un precedente de persecución religiosa, de violar la libertad de cultos”, agregó.
Además indicó Dávila, fue totalmente violentada por el grupo de malandros pagados y bajo el amparo del gobierno, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, sin que se hiciera presente ningún cuerpo de seguridad del Estado, llámese policía, GNB, “lo ocurrido es un hecho repudiado por toda la sociedad, hemos recibido comunicaciones de diferentes parlamentos y gobiernos, porque esto para ellos es sumamente grave e inaceptable, con arreglo al derecho internacional que vela por la protección de los DDHH”, concluyó.