Es evidente que el modelo político y social imperante en Venezuela no sólo quebró al Estado sino que empobreció profundamente a la sociedad. Es un modelo fracasado a la luz de sus nefastos resultados y será el causante de muchos años de sufrimiento. Entre sus más dañinos componentes encontramos la inflación que es el producto de la cruel decisión de expandir el gasto, contraer la producción y acabar con el sector productivo y la clase media. Hoy, todos los estudios indican que hay más pobres que en 1989.
Si una familia se limita a los ingresos salariales para subsistir, y éstos son fundamentalmente salarios mínimos, sus miembros se terminarán muriendo de hambre o metiéndose a bachacos para evitarlo. No hay política social que pueda permanentemente enfrentar esta catástrofe. Por eso en la Venezuela de hoy, la mejor política social es acabar con la inflación y ello implica disciplina fiscal, ahorro, reducción del tamaño del Estado, impulso del sector privado, eficacia y eficiencia gubernamental, entre muchas otras medidas que el gobierno no está dispuesto ni en capacidad de tomar.
El bienestar familiar depende del trabajo y, en ese sentido, del salario de sus miembros. Si ese salario se encuentra pulverizado por la inflación, es decir por el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, se pone en peligro nada menos que la célula fundamental de la sociedad. Puede afirmarse, por tanto, que en Venezuela existe un régimen empeñado en destruir y envilecer a la sociedad con el propósito muy claro de perpetuarse en el poder a costa de la destrucción de todo.
Por otro lado, cuando se trata de defender un salario justo no basta con hacerlo frente al gran capital, que es lo que se plantean normalmente los llamados seguidores del Socialismo del Siglo XXI, sino también frente al Estado, que en Venezuela es el más grande empleador y el más irresponsables de los patronos. Para muestra sólo baste indicar que los pésimos salarios destruyeron la estructura académica y de investigación científica construida por décadas en las universidades públicas venezolanas y que cientos, quizás miles, de profesionales que hasta hace muy poco estuvieron empleados en la administración pública, hoy buscan mejores ingresos en el ejercicio privado, la economía informal o en el exilio.
Así las cosas, si el gobierno sigue por su camino sólo encontraremos hiperinflación, caos, miseria y hambre. Por lo tanto, el cambio de rumbo resulta inevitable, pero no vendrá solo ni será fácil. Debemos bregarlo desde la calle, con nuestra participación y voluntad de construir un país mejor y distinto al que tenemos hoy.