En el marco de la XXXVII Sesión Plenaria del PARLASUR, efectuada este martes 26 en el Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay, los diputados de la Asamblea Nacional y representantes de Venezuela ante el Parlamento del MERCOSUR, Williams Dávila Barrios y Timoteo Zambrano, formularon una propuesta y declaración para la reafirmación del respeto al Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia. Los parlamentarios denunciaron la crisis política e institucional, luego que la oposición asume el control del Poder Legislativo; como consecuencia del abierto desconocimiento por parte del gobierno del Presidente Maduro de las competencias legislativas, de control e investigación, y de deliberación, que corresponden a la Asamblea Nacional, y en colusión con el TSJ, cuya nueva integración decide el partido oficial al advertir su derrota electoral el 6D. Recordaron desde la pasada legislatura, donde ocurrieron hechos de sangre contra diputados, allanamientos de la inmunidad, destituciones, agresión, persecución y prisión; continuando en la presente con la des proclamación por parte del TSJ de los diputados electos por Amazonas, el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria de los Diputados Rosmit Mantilla, Enzo Prieto y Gilberto Sojo, agresiones físicas contra el legislador Carlos Paparoni y la amenaza del CNE de abrir procedimientos a sus homólogos que fueron ante ese organismo, a exigir las planillas para activar el referéndum revocatorio.
Incompatible con el ejercicio de los DDHH El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlasur, Williams Dávila Barrios, manifestó la preocupación ante la reiterada inhabilitación de dirigentes opositores y la judicialización de la exigibilidad del derecho de democracia que tienen los pueblos, “…nuestro deber, como representantes del pueblo, es ejercer acciones en defensa de la democracia donde ésta se encuentre amenazada (…) siendo incompatible con la progresividad de los derechos humanos, la existencia de exiliados y presos políticos, la persecución, la represión y la utilización de las instituciones del Estado para impedir el ejercicio de la función parlamentaria”. Insistió Dávila Barrios, en que la amenaza de inhabilitación de parlamentarios, constituye un atropello a la ciudadanía y a los valores democráticos. Rechazó el socavamiento de las atribuciones de la AN por parte del gobierno, y la utilización del TSJ, para anular la actividad legislativa; tal es el caso de la sentencia donde suspende varios artículos del Reglamento Interior y de Debates de la AN, poniendo en evidencia la aviesa y premeditada intención del régimen de eliminar el parlamento, para que no ejerza sus funciones constitucionales de control, legislativas y orientación política. El momento fue propicio para hacer un llamado a los parlamentarios de la región y organizaciones interparlamentarias, a velar por el respeto del estado de derecho en todos los países miembros; al Presidente Maduro al diálogo institucional con los distintos sectores políticos, como único camino para la reconciliación y solución a los graves problemas políticos, económicos y sociales que padecen los venezolanos, y así, alejar las amenazas de conflictos sociales y aventuras políticas indeseadas que pueden socavar la paz social.