Con motivo de este Cabildo Abierto que hoy conmemora el 19 de abril de 1810 en los mismos lugares y casi con el mismo vecindario institucional de hace 206 años, en mi condición de Presidente del Concejo Municipal del municipio Libertador del estado Mérida, corporación convocante de la reunión, me permito proponer a la ciudadanía, en su nombre, el siguiente:
ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL MERIDEÑA
Primero: Manifestamos la honda satisfacción que sentimos al honrar la memoria de quienes en Mérida, en 1810, inspirados en la tesitura del alma de nuestro pueblo formada en una entrañable geografía y al calor de un acervo espiritual trascendente por la trama de civilidad que encuentra en universitarios y sacerdotes sus protagonistas más conspicuos y en la reivindicación de la legalidad el escenario de una historia en donde la espada solo representa la simbología de la justicia y el derecho.
Expresamos así mismo, el orgullo de ser herederos de quienes en 1810 siguieron el camino trazado por los COMUNEROS DE MERIDA que 29 años atrás habían encabezado el poderoso movimiento popular de desobediencia civil desde San Antonio del Táchira hasta Mérida bajo la proclama de que “los Ministros de Santa Fe como los de Caracas nos han dado el veneno en taza de oro, esto es que paliando sus robos en nombre de Cédulas Reales, nos han hecho reventar con el tósigo de Alcabalas Duplicadas, donativos desarreglados y así baste ya de martirio, y ver morir de hambre a nuestros padres, mujeres, hijos y familias”.
Informamos nuestra determinación de seguir el ejemplo de los patricios merideños que en 1811 juraron la independencia de Venezuela después de haber sancionado, el 31 de julio de ese año, la primera Constitución de la Venezuela independiente: en doce capítulos y 150 artículos quedaron plasmados la voluntad libertaria del pueblo merideño, la escala de valores dominantes de la época, los avances más significativos de la teoría política y un sentido realmente desarrollado de la democracia.
Segundo: Ante esos testimonios de la historia que nos comprometen, quienes suscribimos este acuerdo declaramos nuestra voluntad de luchar sin descanso para que se preserve la independencia de Venezuela; se respete la soberanía popular representada en la integración de las distintas ramas del poder público; se garantice el progreso permanente de nuestra sociedad; se eliminen las desigualdades que mantienen a una parte importante de la población del país en condiciones de una pobreza que ofende la dignidad humana; se asegure el pleno funcionamiento de la democracia en Venezuela mediante la completa libertad de todos los venezolanos, la división y el equilibrio de los poderes públicos, el respeto de la ley, la existencia de un sistema de administración de justicia no sometido a otros poderes del Estado y la más completa garantía de la seguridad de las personas y de sus bienes; se reconozca el valor histórico de la autonomía del municipio; se rescate y profundice la descentralización del poder y de la administración; se haga de la salud de los venezolanos y de la educación de toda la sociedad la verdadera palanca de las oportunidades de cada ciudadano y del desarrollo de la nación.
Asumimos el compromiso de trabajar por la reorganización de la República sobre la base de principios que respeten los derechos humanos, el equilibrio de las distintas regiones del país, la regeneración ética de la función pública y la reconquista de un hábitat político que destierre las exclusiones ideológicas, restablezca la concordia entre los venezolanos y construya canales para el diálogo entre personas, agrupaciones e ideas diferentes.