En las democracias no puede haber presos políticos. La democracia, la libertad, los derechos y la tolerancia constituyen eslabones de una sola cadena civilizatoria construida durante siglos para asegurar la dignidad de las personas ante cualquier poder.
Sin embargo, ningún régimen no democrático acepta de buena forma ni abiertamente que mantiene presos políticos. Por el contrario, son precisamente los regímenes de dudosa naturaleza democrática, los que en su intento de cuidar las apariencias ante la comunidad internacional, terminan ocultando el carácter político de muchos de sus presos. En otras palabras, donde hay presos políticos, los procedimientos legales utilizados para mantenerlos injustamente en la cárcel, están diseñados para ocultar esa condición con recursos que van desde la invención de cargos criminales hasta la obstrucción del debido proceso con el retardo, desnaturalización y negación de los derechos y beneficios contemplados en la Constitución y en las leyes.
La libertad está íntimamente ligada con la ley y con la democracia. Por ello resulta sencillamente criminal que por razones políticas o subalternas se manipule la ley para privar de su libertad a cualquier ser humano.
La historia ha dejado en evidencia la anormalidad de consentir un gobierno que, apartado de la Constitución y las leyes, se dedique a someter al pueblo que tendría que defender. Las sociedades se dan gobiernos para hacer prevalecer y respetar los derechos de sus miembros, no para negar o perder esos derechos. Por tanto, la instrumentalización política del poder judicial significa la muerte del Estado de Derecho, de la Libertad, la Democracia y, por tanto, de la dignidad del ser humano. El caso es que frente al oprobio, los pueblos siempre sobresalen retornando a la Libertad y a la Democracia.
Desde hace tiempo se viene observando la existencia de presos políticos en Venezuela y que su número aumenta mes a mes. Desde hace tiempo se viene denunciando esta grave situación y cada día hay más atención internacional sobre la violación de los derechos humanos que estamos sufriendo cada vez más venezolanos. Especial mención nos merece el caso de nuestro compañero y amigo, Manuel Rosales Guerrero, fundador y líder del partido demócrata social “Un Nuevo Tiempo”.
Manuel Rosales es un preso de conciencia del régimen porque se le mantiene en la cárcel por sus ideas y por su incuestionable compromiso con la democracia en virtud del cual contribuyó decisivamente a derrotar electoralmente a ese mismo régimen en el Estado Zulia y en toda Venezuela en varios procesos fundamentales. No hay otra razón. Todo lo demás se ha caído por su propio peso. En su expediente sólo sobresalen los vicios de un proceso en el que se demuestra la existencia de pruebas forjadas, falsas acusaciones y una vil componenda delatada por sus propios autores.
No cabe duda que los presos políticos pagan con sus vidas el más alto precio para que los demás podamos tener algo de lo que ellos carecen en absoluto, que es su libertad. De allí la importancia de no olvidar ese sacrificio, de no olvidar a sus familias y de no olvidarnos de la precariedad de nuestra propia libertad.
Son fascistas los gobernantes que consideran que los derechos humanos son concesiones o privilegios otorgados desde el poder, que se dan o retiran a conveniencia. A ellos se les olvida que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que la justicia divina tarda pero no perdona.