Los diputados Luis Florido y Williams Dávila Barrios, de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía de la Asamblea Nacional, en su tercer día de gira oficial por Brasil, fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, siendo la primera vez que la Cancillería brasileña después de 17 años, se reúne con opositores al régimen de Nicolás Maduro, y le exigieron una “postura más firme” ante grave crisis que vive el país.
Los parlamentarios, acompañados por el dirigente de VP y exiliado político, Carlos Vecchioasistieron también este jueves a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, presidida por Senador Aloysio Nunes, donde expusieron la grave crisis institucional en Venezuela, violación de los derechos humanos, situación de los presos políticos, el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación. Las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para entorpecer el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional, y, la grave escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas que generan toda una "tragedia” entre la población venezolana.
En horas de la tarde, los legisladores concluyeron sus actividades oficiales en el Tribunal Supremo Electoral, donde fueron recibidos por el magistrado Gilmar Mendes, con quien sellaron compromisos de apoyo hacia Venezuela.
Gira muy fructífera
En cada una de las reuniones que sostuvieron dentro de la apretada agenda, explicaron los mecanismos democráticos para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, siempre por la vía constitucional, democrática y pacífica. Fueron recibidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Brasil y por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), señaló el diputado Williams Dávila, "es muy importante investigar y saber el nivel del convenio suscrito en junio del año pasado, con la fabricante de medicamentos Hypermarcas y la cárnica JBS”.
No es posible la escasez en Venezuela de carne y medicamentos, dijo Dávila Barrios, “la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, tiene la obligación de averiguar si existe "corrupción, tráfico de influencias y ventajismo en este tipo de contratos”.