Ciudadanos por Venezuela denuncia y se opone a la creación de una PDVSA paralela y militar

COMUNICADO

Cuando pensábamos que el “repertorio” de excesos inaceptables por parte del Ejecutivo Nacional se había agotado con el desacato –en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia-, a la negación de la Asamblea Nacional de validar el supuesto Decreto de Emergencia Económica, nos sorprende con una nueva “opera suprema”: la autorización para la creación de una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, según el decreto N° 2.231, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.845, el pasado 10 de febrero de 2016. Dada la naturaleza del señalado decreto, lo extenso del “objeto” que le reconoce a esta empresa –más largo que el poema Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida-, y la ausencia de contraloría alguna por parte del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPPPM), puede decirse que estamos en presencia de la creación de un ministerio militar de minería y petróleo y de una Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), PARALELOS. ¿Qué hará está empresa “petrolera” militar? ¿Quién le dará las concesiones para la explotación minera e hidrocarburífera, lo cual actualmente es parte de las competencias del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Petróleo y Minería? ¿Realizará exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas y mineras terrestres y costa afuera? ¿Con cuál experticia, con cuáles recursos, con cuales aliados? ¿Con la experticia y los recursos de PDVSA? ¿Entonces, para qué fue creada si PDVSA ya cumple claramente esas funciones? ¿Para qué se cuadruplicó la nómina de PDVSA en los últimos 13 años, si ahora otra empresa, de nacimiento bastardo e inaceptable, pretende reemplazarla? ¿Qué pasará en el tiempo con el empleo de los aproximadamente 140 mil empleados que actualmente tiene PDVSA -filiales tradicionales y las a conveniencia llamadas No Petroleras? ¿Esta empresa desarrollará la cadena de valor de los hidrocarburos que le llevó más de 100 años a la industria petrolera nacional –sumando su periodo transnacional y nacional-, o será una simple contratadora de servicios para “prestar servicios” a su vez? ¿Qué hará CAMIMPEG con las ganancias o utilidades derivadas de su actividad económica dentro del negocio petrolero o minero? ¿Quién auditará esta empresa? ¿O representa la ficha de alguna nueva estrategia de fraude contra la Nación -como ya se han revelado últimamente por docenas, y que requiere una manpara de esta naturaleza? Cualquiera que sea el caso, la creación de esta empresa representará, a todas luces, uno de los despropósitos más grandes que hemos visto en la historia más reciente de la Nación. Dado que desvirtúa por completo la misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y, a su vez, lanza un “misil” de proporciones gigantescas a una industria petrolera nacional –representada en PDVSA-, ya bastante operacionalmente mermada, endeudada y distorsionada en su visión, misión y objetivos estratégicos. La Ley Orgánica de la FANB le establece como misión, según su Artículo 3º: “garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.” Aun cuando la última expresión del artículo señalado (“y la participación activa en el desarrollo nacional”), permite múltiples interpretaciones, consideramos que el simple sentido común no recomendaría el involucramiento de la FANB en una actividad, que como la minera –especialmente la hidrocarburífera-, le es ajena (aún en tiempos de guerra), y está sumamente lejos de sus competencias y experticia. A menos que intereses no develados y desconocidos por el cuerpo social de la Nación, así lo estén impulsando. La relación histórica de las fuerzas armadas venezolanas con la industria petrolera nacional ha sido la de prestar apoyo en el resguardo de las instalaciones petroleras y de gas, y así deberá seguir siendo. Todo otro ensayo, de situación distinta a ésta, será expresión de la más pura improvisación o, como ya dijimos: “A menos que intereses no develados y desconocidos… así lo estén impulsando”. En definitivas cuentas, la recuperación administrativa y operacional de la industria petrolera nacional –especialmente en el escenario actual de precios internacionales deprimidos-, no requiere de la aparición de empresas de dudoso e improvisado nacimiento, sino de la formulación, primero que todo, de un plan energético nacional a mediano y largo plazo, así como del concurso de los capitales nacionales y foráneos que ya tengan experiencia y visión consolidada del negocio energético global, no de la militarización de una industria tan compleja y especializada como la de los hidrocarburos y la minería en general. PRECISAMENTE la ausencia de controles y contraloría ciudadana en la administración de los yacimientos petrolíferos y la renta petrolera por parte del Estado, ha sido parte de la razón de la tragedia de la Nación desde cuando en 1917 los ingresos petroleros se convirtieron en los más relevantes del erario público. Es por ello que CPV exhorta al cuerpo social de la Nación, al Poder Constituyente a acudir a las instancias institucionales del caso, para demandar la nulidad del decreto N° 2.231 y trazarnos una estrategia de enmienda constitucional del artículo 303 de la Constitución Nacional, el cual le confiere actualmente al Estado el monopolio de las acciones de PDVSA. La señalada enmienda, junto a otras acciones, deberá permitir que los ciudadanos venezolanos –empezando por sus trabajadores-, podamos llegar a ser accionistas de PDVSA, sin más limitaciones que los que establezca la ley que llegara a regular tal posibilidad. Así mismo, es indispensable un cambio en aspectos fundamentales como el criterio con el cual se formula el presupuesto nacional; es decir, debemos pasar del criterio basado en el precio internacional del crudo, a uno basado en la disponibilidad de recursos existentes en un Fondo Petrolero Nacional, administrado por ciudadanos honestos y electos por la votación popular, entre otras medidas claves que habrá de tomar la Nación para aprovechar los últimos años que le queden al petróleo como energético mundial predominante. Por otra parte cabe preguntarse, de materializarse ese despropósito llamado CAMINPEG, cual llegaría a ser la dimensión, alcance y peligrosidad, para el equilibrio de poderes dentro de una República, de unas fuerzas armadas que sume al monopolio de las armas de guerra un acceso directo y sin contraloría a la renta petrolera? El futuro inmediato y posterior de la Nación debe depender de los ciudadanos, del Poder Constituyente, no del poder constituido, el cual sólo tiene un mandato nuestro, revocable y finito para administrar los recursos públicos.

#pdvsa #paralela #militar