En el lanzamiento de la página web www.supremainjusticia.org, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, enfatizó que esta nueva ventana servirá para conocer uno de los poderes públicos con más vicios en el país. Dijo que la impunidad, que supera el 90%, es consecuencia de la corrupción en el Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ decidió que la mayoría simple de la Asamblea Nacional, en enero de 2004, aprobara leyes orgánicas y que eligiera a los miembros del Poder Moral con esa cantidad de diputados. También avaló el cierre de Radio Caracas Radio. Esos son algunos de los excesos de ese organismo en tiempos del chavismo. Por eso Mercedes de Freitas destacó la importancia de ponerle rostro a los magistrados que tienen compromisos con partidos políticos, cuando deben ser independientes.
El coordinador del proyecto web, Pedro Pablo Peñaloza, describió que hay sentencias con contexto político, como la más reciente que le arrebata la mayoría absoluta de los dos tercios que logró la Mesa de la Unidad Democrática el 6 de diciembre. Y también puso el ejemplo del fallo sobre el “desacato” de la Asamblea Nacional por juramentar a diputados cuestionados por el TSJ. El diputado Juan José Mendoza ascendió a magistrado cuando estaba afiliado al Partido Socialista Unido de Venezuela. Christian Zerpa, parlamentario de la tolda del oficialismo, votó por sí mismo el pasado 23 de diciembre y ahora es titular de la Sala Electoral. Malaquías Gil es otro parlamentario que militando en el PSUV obtuvo el privilegio de entrar al máximo tribunal. El poder ciudadano La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, subrayó que la Constitución ampara la existencia de Suprema Injusticia, pues establece que las instituciones públicas deben estar prestas al control ciudadano. Destacó que la afiliación partidista de magistrados es corrupción. Advirtió que el Plan Estratégico del Poder Judicial pretende la construcción del socialismo y el culto al chavismo: “Los magistrados están apartados del Código de Ética del Juez”, manifestó. La magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol, celebró la creación de Suprema Injusticia porque “los jueces no pueden estar amparados en el anonimato”. Considera que el adormecimiento de la ciudadanía permite que los magistrados cometan irregularidades. “Debe existir un contrapeso, y en esta nueva etapa de la Asamblea Nacional hay que revisar eso. No puede ser que el fiscal del caso de Leopoldo López confesara que hubo excesos y nada ocurra”, criticó. Perkins Rocha, exjuez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, habló de otra irregularidad: hay dos mil jueces provisorios. Censuró que se destituya a jueces con una llamada telefónica, sin previo juicio o comunicación formal. El director de Un Estado de Derecho, Luis Alfonso Herrera, dijo que hace especial seguimiento a la Sala Político-Administrativa, y aseguró que la mayoría de las sentencias que han beneficiado al chavismo salen de ahí. “Los magistrados señalados en esta web (www.supremainjusticia.org) son artífices de la destrucción de Venezuela”. Consideró que las irregularidades se arrastran desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, esa que abolió la Corte Suprema de Justicia. Cree que es momento de pensar en leyes adecuadas para garantizar la transparencia en ese poder público.
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