En el portal El Pitazo.com se informó que: “…el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló, en el Palacio Federal Legislativo, el parlamento comunal. Esto durante el desarrollo de la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) durante el 2015 (…) Ante representantes de las organizaciones vecinales, Cabello resaltó una de las creaciones de la actual constitución venezolana, la cual hoy cumple 16 años de su reforma, referida a los consejos comunales. ‘Ahora tendremos un parlamento al servicio de la burguesía’, expresó Cabello. Por ello cree necesaria la instauración de un parlamento comunal. ‘No vamos a escuchar nada que sea para atender las necesidades del pueblo. Eso es lo que está en la agenda de ellos’, expresó el presidente de la AN” (ver: http://goo.gl/QfBz6x ).
Tanto la instalación del denominado parlamento comunal, así como las declaraciones del saliente Presidente de la Asamblea Nacional, además de inválidos son antidemocráticos, y por tanto no resultan ni vinculantes ni obligatorios para los nuevos diputados electos el pasado 6 de diciembre, y tampoco para los funcionarios que integran tanto el Poder Legislativo como los restantes Poderes Públicos, incluidos los funcionarios encargados de la seguridad ciudadana y la protección de los representantes de los ciudadanos.
En efecto, más allá de los costos, perjuicios e inconvenientes que las instancias del Estado Comunal tienen para la ciudadanía en general de acuerdo con distintos análisis tanto del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE como de expertos para el portal Parlamentemos.org (ver http://cedice.org.ve/?p=14763 y http://parlamentemos.org/ley-comunas/), esta acción, en primer lugar, es inválida, es decir, no surte efectos legales ni resulta vinculante ni obligatoria en términos jurídicos para los ciudadanos y funcionarios, porque carece de base normativa en la Constitución vigente e incluso en las inconstitucionales Leyes del Poder Popular (se amenaza con dictar un Decreto-Ley en los próximos días para “subsanar” esa carencia), entre las que no está prevista una figura como la instalada frenéticamente por el saliente Presidente de la Asamblea Nacional, de modo que cualquier “orden” o “decisión” como “Parlamento” del “Parlamento comunal” implicará usurpación de funciones.
Y en segundo lugar es antidemocrática porque (i) insiste en la conformación de un Estado comunal que rechazaron los ciudadanos el 07 de diciembre de 2007 cuando se rechazó la reforma constitucional que sustituía al Estado federal descentralizada por el Estado Comunal, (ii) constituye un intento desesperado de desconocer por la vía de la fuerza los resultados electorales y la soberanía popular ejercida el pasado 6 de diciembre, y (iii) expresa una clara finalidad de desconocer las competencias constitucionales del Poder más importante en una República democrática, como es el Poder Legislativo, al buscar atribuir a ese espurio y antidemocrático Parlamento comunal (que no tiene origen electoral y lo integran individuos que hacen apología de la violencia y la intolerancia) la misma jerarquía e importancia de la Asamblea Nacional. Este problema, por cierto, no se corrige con un Decreto-Ley ex post facto.
Se trata de un hecho sumamente grave el ocurrido el pasado 15 de diciembre, que obliga a los ciudadanos de todo el país a unirse en defensa de los principios democráticos, del Estado de Derecho y el respeto a la soberanía popular, y demanda de todos los funcionarios públicos de todos los Poderes el no reconocer como autoridad al llamado “Parlamento comunal” y hacer respetar la voluntad de los electores contribuyendo con los nuevos diputados de la Asamblea Nacional al ejercicio de las competencias legislativas, de control político y de designación de los Poderes Públicos que la Constitución atribuye al Poder Legislativo. Desde el Observatorio Económico Legislativo hacemos votos porque se apueste por el Diálogo Democrático y no por rebeliones o actos de fuerza que dañen aún más la situación política, institucional, económica y social del país, y ratifica su apoyo a la nueva Asamblea Nacional como representante de los ciudadanos en su reto de poner en vigencia la Constitución en tantos ámbitos en los que hoy día es violada.