En el último decenio los venezolanos han sido testigos del aumento de casos internacionales de narcotráfico, delitos financieros y corrupción en los que se vincula a nacionales como protagonistas o involucrados en estos hechos, sin embargo el impacto del lavado de dinero producto de la corrupción no es tema central de la opinión pública del país.
Solo en 2015, la difusión de los casos HSBC y Banca Privada de Andorra, que salpicaron a Pdvsa y a exfuncionarios venezolanos por el supuesto manejo irregular de miles de millones de dólares, ha levantado las alarmas sobre la legitimación de activos, su relación con la corrupción y el impacto que tiene sobre las economías nacionales y las comunidades.
Surgen muchas preguntas sobre los mecanismos que permiten el lavado de dinero y qué es lo que está haciendo Venezuela y el mundo para impedirlo. Transparencia Venezuela se dio a la tarea de abordar todos estos aspectos en el Foro “Lavado de Dinero y Corrupción”, celebrado el día de ayer en Caracas, que contó con la participación de los Periodista Lisseth Boon, y Javier Ignacio Mayorca, el Economista y Director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, el Abogado Alejandro Rebolledo, el ex Gobernador del Estado Aragua Carlos Tablante y la Coordinadora del Observatorio de Delito Organizado, Wileyma Meneses.
Durante la apertura la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, explicó que el lavado de dinero es la formalización de los delitos, “es llegar a legalizar los recursos de actividades ilícitas”. Se trata de un delito poco tratado y relativamente nuevo, que apenas surge en 1986 tras la develación de los secretos bancarios en el estado de Florida (EEUU), producto del narcotráfico que vinculó al cartel de Medellín.
El periodista especialista en criminalística, Javier Ignacio Mayorca, explicó que la creciente actividad delictiva organizada en el país ha generado importantes flujos de recursos hacia las economías ilegales interna y foránea. Detalló que el centro de pensamiento Global Financial Integrity situó a Venezuela como el octavo país en desarrollo exportador de capitales ilícitos en el período 2001-2010 (KAR D. y., 2012). En Latinoamérica sólo fue superado por México. En un reporte posterior, cuando la economía nacional ya mostraba signos de estancamiento, bajó al puesto 25 en la clasificación de la misma institución (KAR D. y., 2014).
Los tráficos de armas y drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando, el robo y el hurto de vehículos (por citar algunos) son las actividades ilegales principales producto de la corrupción, reinsertada en la economía para robustecer las estructuras delictivas y asegurar su permanencia en el tiempo. Los montos manejados por estas empresas criminales son multimillonarios, aseguró Mayorca.
Para Alejandro Rebolledo, quien abordó el tema del Combate a la Corrupción y la Recuperación de bienes, el objetivo de la lucha contra la corrupción y contra la legitimación de capitales se debe enfocar en la búsqueda de responsables, condenarlos y la recuperación de los bienes producto de la actividad ilegal. Sin embrago reconoce como obstáculo fundamental las debilidades institucionales que se traducen en la ausencia de organismos receptores de denuncia así como la falta de confianza en la estructura de justicia del estado.
Por otro lado, el Economista Asdrúbal Oliveros, durante su intervención, señaló que la salida de capitales a través de la sobrefacturación es un crimen muy elaborado y complejo a la hora de establecer sanciones administrativas, que puede deberse a condiciones macroeconómicas del país, es decir, inflación, déficit fiscal, balanza de pagos, tasa de crecimiento del PIB. “Si esos 4 elementos no funcionan correctamente, los agentes económicos buscan establecer sus inversiones fuera de las fronteras donde puedan tener un mayor margen de retorno, y Venezuela siempre tuvo un muy alto nivel de retorno, pero una gran dificultad para repatriar sus capitales”.
El Delito Organizado está presente en todo el país
Por otro lado, la Coordinadora del Observatorio de Delito Organizado, presentó los resultados de la segunda encuesta sobre delito organizado en Venezuela, donde destacó que “los sectores de mayor incidencia son narcotráfico, contrabando de productos regulados, y el robo de vehículo.
Entre los hallazgos más destacados de la investigación coordinada por Wileyma Meneses destaca que la mayoría de la gente considera que lo más viable para la lucha contra el delito organizado es depurar a los cuerpos policiales, desarmar a los colectivos y la aplicación de la ley.
Hay que abordar la prevención
Por su parte, el abogado Alejandro Rebolledo hizo énfasis en abordar la prevención como fundamental, explicó que “no solo con la sanción penal se puede hacer prevención en materia de lavado de dinero, sino que debe existir un trabajo para prevenir dichos delitos. Hay que utilizar la inteligencia tributaria para identificar los contribuyentes, disminuir la evasión, identificar la corrupción, coincidencias entre el lavado de dinero y evasión fiscal, asesorías de contadores, inversión extranjera uso de paraísos fiscales, exportaciones ficticias, ¿Cómo se registran las empresas en esos lugares? ¿Quiénes son los directores, los contadores?”.
Para De Freitas “hay que meterle el ojo a la banca, bufetes de abogados, empresas de contabilidad. Hay que conocer los mejores paraísos fiscales y lo que ofrecen los mercados financieros internacionales, este es un conocimiento especializado que no lo conoce cualquier empleado de empresa pequeña en Caracas”.
Finalmente la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, dijo que “Transparencia Internacional ha estado solicitando dos cosas: la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP’s), y la publicación de socios de empresas off shore. Empresas que se crean fuera para tener negocios con sus países de origen y el anonimato de los socios de estas empresas está creando grandes riesgos de corrupción”.
Es urgente e importante que la sociedad conozca y entienda tanto las complejas formas en que operan estas redes ilegales, como el impacto sobre la economía, la seguridad y las comunidades. Además, los ciudadanos pueden apoyar la lucha contra este flagelo utilizando una herramienta tecnológica sencilla y segura como Dilo Aquí, que forma parte del programa de Asistencia Legal Anticorrupción que tenemos en Transparencia Venezuela.