Linda Loaiza es la primera venezolana que acude a la CIDH por violencia sexual
La lucha de Linda Loaiza López Soto no ha terminado. Desde hace 14 años libra una batalla para que otras mujeres no sean víctimas de lo que le ocurrió a ella: durante más de 2 meses fue secuestrada y torturada por Luis Antonio Carrera Almoina. Pero no solo sufrió lo que le hizo este hombre, sino también el sistema judicial venezolano.
El 17 de marzo de 2015 expuso sus argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Estará acompañada de Liliana Ortega, directora de Cofavic, y Francisco Gil, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
El 12 de noviembre de 2007 la CIDH recibió la denuncia de Linda Loaiza López y su abogado, Juan Bernardo Delgado, en la que alegan responsabilidad internacional del Estado venezolano en su caso. Aspiran a que después de esta audiencia el caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. “Confío en Dios y en todos los elementos que tiene el informe”, dijo la semana pasada antes de viajar.
López y Delgado afirman que ella fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 por Carrera Almoina, quien la mantuvo privada de libertad por dos meses y medio. En ese tiempo fue abusada y agredida por ese hombre. Sufrió graves lesiones sexuales, físicas y psicológicas. Sus denuncias ante la CIDH se centran en la investigación de los hechos y el proceso penal contra el agresor que, aseguran, se caracterizó por numerosas irregularidades, falta de actuaciones judiciales, dilaciones injustificadas, la injerencia de personajes políticos y maltratos constantes de funcionarios del Poder Judicial hacia la joven y su familia.
Consideran que este patrón de abusos, irregularidades y negligencia resultó en la impunidad de los hechos de violencia sexual de los que fue víctima, con el agravante de que no se consideró el género y la situación económica precaria de la denunciante, que entonces tenía 18 años de edad, lo que acarreaba una obligación reforzada del Estado de juzgar y sancionar los hechos. Las irregularidades comienzan desde la calificación de los delitos. El tribunal condenó al agresor a 6 años y 1 mes de prisión por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, en lugar de hacerlo por violencia sexual y homicidio calificado en grado de frustración.
Entre las irregularidades está que la fiscal 33, Capaya Rodríguez, que inicialmente asumió la averiguación, le dijo a los padres de Linda Loaiza que no era necesario que nombraran abogados porque ella se encargaría de todo. Les impidieron visitar a su hija en el hospital donde estuvo recluida para recuperarse de las múltiples lesiones y tuvieron que pedirle permiso a esa fiscal para verla.
El expediente estuvo en manos de 76 jueces y magistrados del TSJ como consecuencia de 59 inhibiciones, mientras que las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades y no hubo respuesta de ningún organismo cuando hicieron las impugnaciones respectivas.
El juez 18 de Control, Ángel Zerpa, fue suspendido del cargo por 60 días cuando Carrera Almoina se fugó del apartamento 61A del edificio Dorávila, situado en la Quinta Avenida de Los Palos Grandes, donde cumplía sentencia de casa por cárcel. Luego fue recapturado y enviado a la cárcel de Yare I. Cumplió 6 años y 1 mes de prisión.
El Estado venezolano ha señalado que los alegatos de López sobre la falta de prevención y la efectiva sanción del delito de violación sexual no se encuentran respaldados por argumentos serios. Ha dicho, además, que las lesiones producidas a la joven no fueron perpetradas por funcionarios, por lo que no son responsabilidad del Estado.
Es la primera vez que una venezolana recurre a la CIDH para denunciar un caso de violencia de género, violencia contra la mujer y violencia sexual.
14 cirugías en 14 años. Linda Loaiza López no es la única víctima de Carrera Almoina. En 1999 el hombre vivió en una residencia de la urbanización Barrio Obrero de San Felipe, Yaracuy, con la maestra Rosalba Guerrero, de 34 años de edad. En una ocasión la mujer desapareció y al regresar a la casa familiar tenía hematomas y quemaduras en 80% del cuerpo, así como desfiguradas las orejas.
López es la segunda de 11 hermanos de una familia establecida en Mérida. Llegó a Caracas en 2001 con su hermana mayor, Ana Cecilia. Al poco tiempo conoció a Carrera Almoina y luego desapareció hasta el 19 de julio de 2001. Atada a una silla logró llegar a una ventana del apartamento 2A de las residencias 27, en la avenida Sojo de El Rosal. Desde allí gritó en demanda de auxilio. Fue rescatada por Polichacao y bomberos. La internaron en el Hospital Universitario de Caracas y desde entonces le han practicado 14 cirugías reconstructivas en la cavidad intrauterina, ojos, nariz, boca y orejas, a causa de los daños ocasionados por su agresor.
Aún sigue bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. En 2012 se graduó de abogada en la Universidad Santa María e hizo una especialización en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
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*SANDRA GUERRERO sguerrero@el-nacional.com
Artículo enviado para su publicación por Yolima Arellano Coordinadora Observatorio Venezolanode los Derechos Humanos de las Mujeres Núcleo Trujillo el 2'0 de noviembre de 2015