En ocasión del operativo de Política Integral realizado el día lunes 21 de octubre del presente año en el retén policial ubicado en la vuelta de Lola del Estado Mérida, siguiendo la crisis provocada por el hacinamiento de detenidos en las diferentes dependencias de los Órganos de Seguridad del Estado, y en vista de la difícil situación insostenible de violencia que se ha generado, específicamente el día 28 de octubre en la sede de las Policía Municipal (ubicada en la avenida Urdaneta) entre reclusos y funcionarios policiales. Es necesario hacer varias reflexiones con respecto al tema. La ciudadanía merideña se pregunta: ¿Por qué hay reclusos dentro de las sedes de las Instituciones de Seguridad Estatal y Municipal? Las cuales no fueron creadas con este fin.
Desde el sistema inquisitivo y la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, en Venezuela han existido dos tipos de centros de reclusión para procesados y penados: cuando se trata de procesados se entiende que deben ser enviados a los centros preventivos y aun cuando no existan en una localidad las condiciones de seguridad para encarcelar personas que tengan órdenes judiciales, la decisión es recluirlos en Internados Judiciales.
Estos Centros o Penitenciarias Nacionales se encuentran en todo el Territorio Nacional, en el caso del Estado Mérida está ubicado en San Juan de Lagunillas; conocido como el CEPRA.
Luego de una orden emanada de un Órgano Judicial, todo procesado debe ir a un Centro Judicial, no a un centro preventivo puesto que estos centros no tienen las condiciones para albergar personas con una larga estadía.
¿Por qué se está presentando esta situación?
Desde el año 2013, la Ministra del Poder Popular del Servicio Penitenciario Iris Valera prohibió el ingreso de reclusos dentro del CEPRA, la única Institución creada con una estructura capacitada para la reclusión de más de 2500 privados de Libertad. Hoy en día no hay ni siquiera mil, al cerrar el acceso del CEPRA, la Ministra de manera irresponsable creó un grave problema en los diferentes Organismos de Seguridad, que están obligados a custodiar a todos los detenidos inclusive, en algunos casos hasta en los vehículos han tenido que pasar la noche por no contar con espacio en las cárceles o albergues donde el hacinamiento, la desidia y la violación de Derechos Humanos fundamentales se observan diariamente. ¿Qué hizo que la Ministra tomara esta decisión? ¿Por qué el Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario usurpa funciones del Poder Judicial? específicamente de los jueces de ejecución quienes son los capacitados para definir la reclusión de los privados de libertad. Los jueces de ejecución son los que tienen la obligación de decidir dónde deben estar recluidos los privados de libertad pero tristemente estos se prestan y consienten esta usurpación de funciones en complicidad con los Defensores Públicos quienes reciben órdenes de la Defensoría Nacional.
En conclusión el Gobierno Regional a través de la Política Integral celebra la realización de operativos de "defensa de los derechos humanos de los presos" haciendo todo un circo mediático llevando peluqueros y asistencia médica a los reclusos y reclusas Señores, esto se evitaría si nuevamente El CEPRA recibe a los reclusos que al fin al cabo está dotado de una área de enfermería, y donde se puede organizar un mejor control de los reclusos o acaso ¿Debemos esperar como dijo el Director de Política Integral, la construcción de un nuevo Centro Penitenciario? y ¿qué hacemos con el silencio de nuestros jueces y defensores y con la usurpación de funciones? Todas estas interrogantes deben ser respondidas por los órganos competentes y exhortamos a seguir denunciado estas irregularidades que se convierten en un gran problema para la colectividad merideña.
Lilia Gainza Candidata a la Asamblea Nacional por lista en el Estado Mérida